Con el correr del tiempo se han incrementado los mecanismos de coerción y el «psicoterror laboral»; en este sentido, la posibilidad de ejercer un maltrato psicológico y moral se presenta cotidianamente en los ámbitos públicos y privados. El objetivo es producir un daño efectivo y continuo.
A lo largo de los años, la violencia laboral ha cobrado notoriedad; estas situaciones desiguales y con fuertes cargas de inequidad de género o discriminación social, se contemplan a nivel nacional e internacional.
La problemática comprende fenómenos y conductas violentas recurrentes, que no son episódicas ni únicas. Además, se ha convertido en una forma más de manifestación de la agresividad en la sociedad. Cabe destacar que diversos organismos internacionales de salud pública, como por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, reconocen a la violencia en sus diferentes manifestaciones como «un obstáculo para el desarrollo de las naciones y una amenaza para la salud pública». En informes especializados, la señalan como una «epidemia soslayada» que pronto superará a las enfermedades infecciosas como causa principal de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo.
Este «fenómeno» se presenta con múltiples formas y sus prácticas anti-éticas, puestas en funcionamiento en el marco de una relación laboral, se van «perfeccionando» día a día, dejando menos evidencia y más víctimas.
También se la suele denominar «mobbing», psicoterror laboral, maltrato laboral, acoso laboral, acoso psicológico en el trabajo, etcétera; sin embargo, todas apuntan a la descripción de una situación cada vez más presente en el mundo del trabajo.
Desde los organismos internacionales se define a la violencia laboral como el «continuo y deliberado maltrato verbal y moral que recibe un trabajador por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente, con vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica, y a obtener su salida de la organización a través de diferentes modalidades».
Esta problemática se ha convertido en un problema mundial que atraviesa las fronteras, los contextos de trabajo y los grupos profesionales; como tal, afecta a la dignidad de las personas y parece ser una importante fuente de desigualdad, discriminación, estigmatización y conflicto en el trabajo.
El término «mobbing» (proveniente de la lengua inglesa, que significa atacar, asaltar) se presenta de diferentes maneras: aislamiento físico del trabajador, la marginación a través de la hostilidad y la falta de comunicación; la difusión de conceptos peyorativos; la asignación de tareas humillantes, descalificadoras o de muy difícil concreción; el menoscabo de la imagen del empleado frente a sus colegas, clientes o superiores, los cambios continuos, entre otros.
En otro orden, este nuevo fenómeno, resulta de difícil tratamiento para aquellos que carezcan de los instrumentos necesarios para controlarlo y evitar ese continuo y deliberado maltrato verbal y moral que recibe una persona en su espacio laboral.
No hay que olvidar que estos hechos exigen una continuidad; es decir, es un procedimiento continuo en el tiempo. No es algo pasajero, tampoco un maltrato del momento, es algo que puede llevar meses o desarrollarse durante años, afectando considerablemente la psicología de la víctima. Además, esta demora en el tiempo en reconocerse como «víctima» y utiliza mecanismos de defensa previos hasta concluir que está siendo acosada psicológicamente por alguien que ejerce el hostigamiento hacia su persona.
* Sin ley, sin amparo
En materia de violencia laboral, la Argentina no tiene ley nacional. Entre el 2002 y el 2004 se impulsó la presentación de diferentes proyectos legislativos y la sanción de leyes provinciales, como en Tucumán, Jujuy, ciudad y provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Cabe destacar que el ámbito de aplicación de estas leyes es sólo el sector público, ya que en materia laboral, las provincias no pueden legislar para el sector privado.
En este sentido, se considera que la violencia laboral está presente, fundamentalmente, en organismos estatales. La Administración Pública Central de nuestro país, admite una violencia normalizada, naturalizada, invisibilizada y, de alguna manera, consentida, por todos sus integrantes.
«En estos casos el acoso moral puede empezar cuando el trabajador reacciona contra el autoritarismo de un superior y no se deja avasallar; su capacidad de resistir a la autoridad a pesar de las presiones, es lo que lo señala como blanco. Entre sus diversas modalidades pueden distinguirse los atentados contra las condiciones de trabajo, aislamiento y rechazo de la comunicación, atentados contra la dignidad, violencia física, física o verbal, etcétera», señaló un especialista en Psiquiatría.
Y agrega: «La mayor dificultad para defenderse reside en el hecho de que casi nunca se dispone de pruebas flagrantes. La violencia laboral institucional, a través de prácticas sistémicas, instituidas, consolidadas y consentidas por acción u omisión, es perpetrada en las instituciones estatales y bajo regímenes democráticos».
Asimismo, el profesional señaló que en sus muchas variantes, este tipo de violencia tiene un efecto devastador y de largo alcance en quienes han sido y son sus víctimas, debido a la coexistencia de dos factores. «En primer lugar, las conductas violentas son consumadas por los funcionarios políticos y aún por personal jerárquico y administrativo de carrera de alto rango dentro de la Administración Pública; en segundo lugar, la transformación del carácter protector en carácter violento ocurre en un ámbito laboral y en un discurso que destruye la auto-estima, y además oculta este tipo de conductas».
En este sentido, afecta a la salud física y mental de servidores públicos, pervierten los resultados de la gestión pública, vulneran los derechos humanos y el Estado de Derecho, e instalan un modelo autorizado en todos los sectores de actividad, sea pública o privada.
«Sería necesario nominar y describir este fenómeno, con el objetivo de reducirlo y la finalidad de construir mecanismos institucionales de intervención, sanción y reparación de estas situaciones. Es preciso instalar una cultura de la denuncia, pero no para `destruir al otro´ sino para cuidar las instituciones», recalcó.
En ese largo proceso de violencia, algunos ciudadanos miran hacia otro lado y evitan poner límites, renuncian a actuar con firmeza y valentía, tienen miedo «a hablar», normalizan esa violencia y se amoldan a ella: así se deja de reclamar justicia por los canales institucionales previstos. Cuando estos canales se abandonan, caen en desuso y dejan de proteger al habitante. En ese recorrido, la ciudadanía, las instituciones y la democracia, se degradan progresivamente.
Cabría preguntarnos, ¿cuánto de todo esto ocurre en nuestra ciudad? En reiteradas ocasiones, el miedo y la imposibilidad de dar a conocer determinadas situaciones de violencia laboral igualmente suelen aparecer en la forma de rumores o trascendidos, de difícil constatación, pero que implican una dura realidad para las víctimas.
* Para mayor información:
Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina. Servicio de Información Pública (Prensa). Avenida Córdoba 950; pisos 13 y 14, Buenos Aires. Teléfono: (011) 43937076, líneas rotativas. Fax: (011) 43937062.
E-mail: buenosaires@oit.org.ar o borrajo@oit.org.ar
Web: http://www.oit.org.ar
Gisela Eceiza- Fuente: Semanario Bamba
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