Hoy se conmemora el día internacional de la lucha contra este delito que se ve en aumento con el transcurso de los años. Según la ONU, las medidas dictadas en Argentina son positivas, aunque verdaderamente insuficientes.
Durante el 2011 la Organización de las Naciones Unidas presentó un informe en Ginebra a cargo de la doctora Joy Ezeilo, relatora especial de ONU sobre Tráfico y Trata de Personas. El mismo revela que «si bien el Estado ha hecho significativos avances, los esfuerzos no alcanzan para prevenir, combatir y asistir a las víctimas del delito de Trata de Personas».
Previo a ello, la representante de la ONU había visitado nuestro país para conocer la estructura legislativa e institucional, las políticas de Argentina en relación a la lucha, así como los desafíos que aún restan.
El informe destaca como positivo el progreso desarrollado por el Gobierno nacional, como la adopción de la Ley en la Prevención y Castigo y la creación de las oficinas dentro del Poder Ejecutivo para proveer a las víctimas de asistencia e investigar los casos.
Algunos conceptos
Hoy 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta fecha tiene como fin concientizar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y consecuencias de este crimen, uno de los peores y más ocultos flagelos de estos tiempos.
La trata de personas es un negocio transnacional que genera más de 40 mil millones de dólares anuales, situándose ya en el segundo lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos, sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas. Según la Organización Internacional del Trabajo, la trata afecta cada año a unas casi 4 millones de personas, especialmente a mujeres; 90 por ciento de ellas adolescentes y niñas.
La trata de personas es una gravísima violación de los derechos humanos al ser una esclavitud que produce efectos dolorosos y degradantes: es el comercio de seres humanos captados por violencia, engaño o abuso a partir de un estado de vulnerabilidad, desamparo o miseria, con el propósito de reducir a esas personas a la servidumbre y obtener de ellos ganancias, ya sea explotándolos sexualmente en la prostitución ajena, en formas diversas de trabajo esclavo o para la extracción de órganos destinados a trasplantes.
Las víctimas de trata deben enfrentarse a condiciones degradantes ante la negación de sus derechos como la libertad y la salud sexual y reproductiva, a condiciones de violencia, de abuso sexual, a embarazos no deseados, a abortos inseguros, a tratos crueles e inhumanos.
Decisiones
En julio de este año Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto contra la trata de personas y anunció la prohibición del «rubro 59». Entre otros detalles, la norma concibe al tráfico de personas como un delito y fija penas de 3 a 15 años de prisión.
«Hemos dado un gigantesco paso contra la doble moral y la hipocresía que rige en algunos sectores. El rubro 59 le deja pingües ganancias a los diarios que hacen negocios con esta oferta. No se puede desde las tapas pedir al Gobierno que luche contra la trata de personas y después en las páginas comerciales publicar avisos», dijo Cristina al anunciar aquella polémica decisión.
El decreto prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual y crea una oficina de monitoreo para que el Ministerio de Justicia junto al Consejo de la Mujer pueda articular las tareas en la lucha contra la trata.
La iniciativa concibe al delito de trata de personas como «captación, transporte y/o traslado», ya sea dentro del país o hacia el exterior, y la acogida recepción de personas con fines de explotación.
Con la promulgación de esta norma entró en funcionamiento el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de asistencia a sus víctimas, creado bajo la presidencia de Néstor Kirchner.
Según la Presidenta, en los últimos tres años el Estado rescató a 2221 personas, de las cuales 1044 fueron en los últimos diez meses. Recordemos que el Decreto Nº 936 firmado por Fernández de Kirchner, complementa el marco legal creado por la Ley Nº 26.364 sancionada en abril de 2008 que busca la prevención y sanción de la trata de personas.
Actividades en Córdoba
Dada esta especial fecha, el defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, organizó una serie de actividades tendientes a visibilizar y concientizar en la población sobre este flagelo y contribuir a su prevención. Paralelamente se distribuirán folletos con información alusiva.
Para hoy estaba previsto el dictado en la ciudad de San Francisco, del primer curso de capacitación sobre Trata de Personas dirigido a aspirantes a agentes de la Escuela de Suboficiales y personal en actividad de la Policía provincial departamental San Justo.
La iniciativa forma parte del Programa «No a la Trata de Personas» que viene desarrollando la institución en toda la provincia, asumiendo un rol en la prevención de este flagelo que vulnera los derechos humanos. Desde su puesta en marcha, hace ya dos años, la Defensoría del Pueblo creó el primer refugio para víctimas de trata de personas en la provincia, juntamente con la Fiscalía General y las Fundaciones María de los Ángeles y MAC. Hasta el momento, y esto ha sido motivo de notas en otras oportunidades en este Semanario, se han realizado más de 50 seminarios dirigidos a docentes, alumnos, municipios y comunas e instituciones.
Cuadro Informe de la ONU en Argentina
1. Aumento de la trata laboral y sexual.
2. Argentina se ha convertido en país de origen, tránsito y destino de víctimas.
3. Alarmante impunidad con la que la trata se lleva a cabo.
4. Existe una pobre coordinación de las actividades contra el tráfico entre organismos nacionales y provinciales del Estado. Se destinan pocos recursos a esta labor.
5. Inadecuada protección tanto a víctimas, como a personas e instituciones destinadas a ofrecer apoyo y asistencia.
6. Aumento de la trata de niños
7. Los inspectores laborales no tienen la capacidad necesaria para combatir la trata
8. Parte de la impunidad se explica por la corrupción de la Policía y otras fuerzas de seguridad.
9. Consejo al Gobierno: aumentar la cooperación con países como Bolivia, Paraguay y República Dominicana.
10. Consejo al Gobierno: destinar mayores recursos y aplicar política de «tolerancia cero» a la corrupción.
Los puntos de la Ley 26.364
*El delito incluye la captación de personas, ya sea para la explotación sexual, las prácticas de esclavitud, los trabajos forzados y la extracción ilegal de órganos y tejidos.
*Diferencia a las víctimas mayores de las menores de 18 años. En el primer caso se deberá demostrar que hubo algún método de coerción para que se configure el hecho ilícito.
*El delito es castigado con penas de tres a seis años de prisión, que puede elevarse a diez si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima.
*En el caso de que las víctimas sean menores de edad, la escala penal se eleva de cuatro a diez años de prisión. Y si se trata de menores de 13 años, será de seis a quince años de prisión efectiva.
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