Incendios forestales, falta de agua, condiciones climáticas, minería a cielo abierto, desaparición de bosques nativos y ausencia de voluntad política para el principio de solución.
Como cada año, llega esta época de emergencia, en la que la crisis hídrica se hace más visible. Vemos el lago aún más vacío, escuchamos en radios y vemos en la TV las imágenes de numerosas localidades de la provincia de Córdoba que se encuentran pidiendo a gritos una solución.
Nuestro ecosistema es como todo engranaje, en el que cada parte es imprescindible para que funcione con normalidad. En este caso, el medio ambiente en el que vivimos debe ser cuidado en todos sus aspectos ya que de todos ellos necesitamos; el agua, los bosques nativos, las sierras, el aire, el suelo…
Hace unos días el gobernador Juan Schiaretti firmó el Decreto Nº 1476 que permite el rolado de la rica vegetación que crece bajo los árboles nativos; también habilita el «desmonte selectivo» y la siembra de pastos exóticos. Por su parte, la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) cuestionó este Decreto y lo consideró «tan nocivo como la destrucción por incendios y desmontes» que padece la provincia.
«El rolado, la extracción de vegetación nativa y la siembra de pasturas exóticas amputan partes esenciales de un ecosistema que sólo funciona bien cuando está completo, cuando tiene su biodiversidad original. Desprovisto de sus cientos de especies vegetales y animales, el bosque nativo deja de fabricar suelo, de retener agua y de conservarse a sí mismo. Por ignorancia o mal asesoramiento, el gobierno cree, equivocadamente, que los bosques son solamente árboles», sostuvo el biólogo titular de la ONG, Raúl Montenegro.
«Es inconcebible que un decreto acelere la destrucción de lo poco que queda de bosque nativo, que insista con la implantación de especies exóticas y que propicie la destrucción de servicios ambientales sin los cuales es imposible vivir a largo plazo. Ya se devastó el 95 por ciento de la superficie ocupada por nuestros bosques. Ahora van por el 5 por ciento que queda. Es venganza, es complicidad, es incapacidad. Quienes redactaron el decreto son los mismos que permitieron la destrucción de nuestros bosques, los mismos que no aplicaron suficientes penalidades y los mismos que no supieron facilitar su restauración, comentó por su parte el biólogo Ricardo Suárez, referente del Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba.
Desde hace miles de años los principales ríos de Córdoba obtienen su agua de las serranías. Antes de que comenzaran los incendios y desmontes a gran escala, el buen funcionamiento del ecosistema nativo garantizaba la provisión de agua. Montenegro informó que cuando las sierras están en condiciones ecológicas óptimas y tienen su diversidad «intacta», la vegetación intercepta las gotas de las lluvias de verano, impidiendo que golpeen el suelo y lo deterioren y de esta manera continúa el proceso: «El agua circula por las hojas y tallos de las plantas y alcanza el suelo, donde su permeabilidad facilita la infiltración. Esta esponja blanda, edáfica, funciona bien mientras tenga vegetación nativa ya sea un bosque de coro y molle, un matorral de romerillos o un pastizal de altura. El agua infiltrada penetra luego en las rocas subyacentes, muy fracturadas y se mueve lentamente hasta volcarse como vertiente. Esta esponja rígida, rocosa, hace más lento el flujo de agua y permite que aún en temporadas más secas las vertientes sigan descargando agua. Las sierras en buen funcionamiento impiden que toda el agua de lluvia del verano corra por la superficie (escorrentía). Los ríos tienen entonces agua todo el año aunque su caudal disminuya en invierno, transportan poco sedimento y los embalses se colmatan menos rápidamente», explicó Montenegro.
Ley de «Desmonte»
Recordemos que en el 2010 algunos legisladores de la provincia aprobaron la mal denominada Ley de Bosques Nº 9814, que facilita el desmonte y no permite la preservación de deterioradas zonas de nuestro medio ambiente cordobés, en lugar de haber aprobado el proyecto que trabajó durante dos años la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (conformadas por instituciones intermedias y ONGs vinculadas con la defensa del ambiente).
Como consecuencia la Universidad Nacional de Río Cuarto hizo un pedido de inconstitucionalidad de la norma, por lo que la Corte Suprema de Justicia deberá decidir al respecto.
«El ejemplo de compromiso social dado por la UNCRC debe ser imitado por la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestra Universidad, una de las más antiguas de América Latina y cuna de la Reforma Universitaria no debe quedar al margen de la historia ni de la defensa de la vida», indicó Montenegro.
La situación en la provincia es compleja y se agrava con el transcurso del tiempo, sumado a las condiciones climáticas, los incendios forestales y la completa falta de voluntad política del Gobierno provincial para iniciar un principio de solución, debatiendo con todas las partes implicadas.
Desde Villa Carlos Paz, en tanto, el único reclamo de racionalidad que se hace es hacia la ciudad capital, ya que el 70 por ciento de los habitantes utilizan agua del lago San Roque, y solicitan se coloquen medidores al 85 por ciento de los vecinos que no lo tienen (sólo instalaron para 55 mil de los 393 mil usuarios).
«Sin bosques, no hay agua»
A través de un comunicado, la candidata a diputada nacional por el Frente Amplio Progresista, Betiana Cabrera Fasolis, opinó sobre el tema: «Los cordobeses todavía estamos atravesando incendios que afectaron y afectan gran parte de los bosques nativos que quedan, lo cual va a agravar la disponibilidad de agua en nuestra provincia.
«No cabe duda que el modelo de progreso que el gobernador Schiaretti y su predecesor De la Sota van a desarrollar, va a estar destinado a ciertos sectores privados y empresariales y no es pos de políticas ambientales integrales de desarrollo sustentable.
«Es por ello que solicitamos la urgente declaración de emergencia forestal, prohibiendo la tala de bosques nativos, la reforestación de todas las zonas incendiadas con especies autóctonas y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 9814. Sólo así los ciudadanos no sufriremos las consecuencias de estas políticas inadecuadas y la falta de un recurso tan vital como es el agua», especificó.
Proyecto Minero
Por estas semanas, los pobladores del Valle de Calamuchita en la provincia de Córdoba están movilizados para evitar la explotación minera a cielo abierto de yacimientos en el emblemático Cerro Blanco, por parte de la empresa Complejo Minero Cerro Blanco SA. Este proyecto pone en jaque a la cuenca hídrica más importante de la provincia, ya que de concretarse podría contaminar el caudal de los siete embalses que proveen de agua potable a toda Córdoba.
Vecinos y referentes de la zona se reunieron con autoridades locales y provinciales para plantearles el reclamo que consiste en sancionar una normativa que declare a las Sierras de los Comechingones libres de minería. Al parecer, la explotación sería de cuarzo; aunque se teme que en lugar de este mineral, se quiera extraer uranio. Recordemos que en esta zona hay feldespato, mica, berilio, tantalio, columbita, etcétera (algunos de estos tienen una pureza del 99 por ciento).
El área ubicada al oeste del río Durazno, jurisdicción de Villa Yacanto de Calamuchita, está en la mira de la explotación minera desde hace varios años, y tiene una historia de resistencia con los pobladores del lugar como principales protagonistas.
Uno de los referentes ambientales de la región, Fabián Carbia, informó los costos ambientales de la explotación minera a cielo abierto que se pretende impulsar. «Los sedimentos llegarían al río del Durazno, uno de los tributarios del Río Grande, el cual forma la represa Hidroeléctrica Cerro Pelado. Aguas abajo se forma el embalse Arroyo Corto, luego este curso de agua es uno de los afluentes del Embalse de Río Tercero, siendo esta represa la de mayor superficie de la provincia, junto al río Santa Rosa y Quillinzo, que conforma el río Tercero (curso de agua más importante de Córdoba)», indicó.
En relación a este tema, el geólogo local Juan Carlos Ferrero, titular de la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) informó: «Hay sospechas sobre el hecho de que se quiera extraer cuarzo, ya que en general es un mineral que se puede trabajar de manera manual o con muy poca dinamita. Quizás la intención esté ligada al uranio. Es muy probable que en el caso de llevarse a cabo este emprendimiento exista una contaminación en las aguas de la provincia».
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